Carlos Chablé Mendoza*
A escasos días de que el gobierno federal anunciara su iniciativa de convertir al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) en dependencia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi) se supo que, en un hotel de Tulum, Quintana Roo se prohibió hablar en lengua maya a sus trabajadores y trabajadoras. Así lo denunciaron estos en una acción de protesta en la que mencionaron además que son víctimas de maltrato y que se ejercía represión contra su representante sindical. Parece que ante la indefensión en la que quedarán los indígenas por la ineficacia de las instituciones como el Inali e Inpi, los oligarcas peninsulares, mexicanos y extranjeros que pecan de racistas, propietarios de hoteles y negocios, aprovechan para regresar a la época de sus antepasados, los conquistadores. Seguramente que no todos se comportan de esta manera contra los mayas, algunos habrá que se comportan como “empresarios socialmente responsables” y con pertinencia cultural.
Aquellos que pretenden impedir a sus empleados desarrollar con libertad su tsikbal maya, platica en maya, deben saber o recordar que gracias a la lengua, cultura y patrimonio arqueológico maya peninsular siguen amasando riquezas que casi nunca comparten con los herederos del pueblo maya originario, con los descendientes de los mayas cruzo’ob, cruces, legítimos propietarios del territorio que ocupa el estado de Quintana Roo.
Pero este hecho que comentamos no se da de manera aislada, ocurre precisamente en el lugar donde se desarrollará el megaproyecto llamado “tren maya” y el aeropuerto. Con prohibiciones como esta e imposiciones de megaproyectos que dañan nuestro patrimonio cultural y natural parecen querer remachar el deseo de aniquilarnos. Recuerden la saña con la que realizó el ejército mexicano la campaña de exterminio contra mayas cruzo’ob en 1850, en Tulúm y Santa Cruz Xbáalam Naj.
No queremos el regreso de esos tiempos de conquista, ni prohibiciones, ni que continúen los despojos, situaciones que provocaron la llamada Guerra de Castas de 1847. El estado y los organismos encargados de la promoción y defensa de derechos humanos no deben ser omisos, resulta importante que den buen escarmiento a los intolerantes propietarios de aquel hotel en Tulum. Los trabajadores y trabajadoras mayas que denunciaron el hecho deben contar con el respaldo y acción gubernamental, así como de la sociedad.
Tulúm es también un municipio gobernado por Morena por decisión de la mayoría de sus ciudadanos, si a pesar de contar con el gobierno federal y municipal que eligieron, permiten que prevalezca la intolerancia racista, que siga el despojo de territorios a los pueblos indígenas y se destruya con impunidad lo que existe en estos como selva, flora, fauna y patrimonio cultural. Si el desmantelamiento de instituciones como Inali resulta prioridad para el gobierno federal dejándola como apéndice del Inpi que solo sirve al presidente, pues la situación es clara: fuimos engañados y hay que retomar las banderas de lucha por un México plurilingüe, pluricultural, con justicia, democracia y respeto a la dignidad de los pueblos.
*Cronista de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
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