Carlos Chablé Mendoza*
En febrero de 1995 el gobierno federal mexicano trató de resolver el levantamiento indígena maya zapatista, iniciado un año antes en Chiapas, lanzando una gran ofensiva militar. Un mes después, fue creada la Ley para el Dialogo y la Reconciliación de la cual surgió la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación), se reconoció como mediadora a la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), coordinada por el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz. Parecía que el gobierno estaba optando por la vía del diálogo y la negociación en lugar de una salida violenta. Así, fue instalada una mesa para el dialogo y el primer tema abordado en esta, durante octubre de 1995, fue el de derechos y cultura indígena. Hasta ahí llegamos, a San Andrés Larraínzar, muchas personas que fuimos invitadas a participar como asesores por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal mexicano y el EZLN, son los primeros acuerdos sobre derechos indígenas en México. Si el gobierno hubiera cumplido lo pactado con los pueblos indígenas representados por el EZLN y sus asesores, habrían pasado a la historia. Ahora los mencionados acuerdos se conocen más internacionalmente, por su incumplimiento, que en nuestro propio país.
El estado mexicano sigue sin cumplirlos, además el movimiento indígena sigue sufriendo la pérdida, el asesinato de dirigentes, hombres y mujeres, que defienden su territorio, el territorio de los pueblos originarios. Desde el gobierno federal se impulsa un nuevo indigenismo asistencialista que va de la mano con la promoción de megaproyectos como el transístmico y el llamado tren maya. Se sigue invadiendo territorios de los pueblos dañando su patrimonio natural y cultural, igual que como ocurría en sexenios anteriores.
Con los acuerdos de San Andrés se busca acabar con el indigenismo oficialista y resolver esa famosa deuda histórica que se tiene con los pueblos, lo central en los acuerdos consiste en reconocer a los pueblos indígenas como sujetos sociales históricos y con derecho a la libre autodeterminación y a la autonomía.
25 años después, vemos que la llamada “cuarta transformación”, como las tres anteriores transformaciones, ha quedado a deber a los pueblos indígenas. Hoy se requiere de la mayor reactivación de nuestro movimiento porque los acuerdos de San Andrés siguen pendientes.
Pretenden engañarnos con una llamada “reforma indígena” impulsada incluso por compañeros que antes luchaban junto con nosotros y que participan en esa llamada cuarta transformación.
Los acuerdos de San Andrés deben ser parte de nuestra agenda porque, pese a que la nación mexicana tiene una composición pluriétnica y plulricultural, sus constituciones políticas no han reflejado esta realidad, buscan borrarnos, generar una patria mestiza, queriéndonos obligar a abandonar nuestras identidades. Podemos decir que desde la Constitución de 1824 hasta la actual sigue siendo el mismo objetivo: crear un estado nación que nos niega, que nos sigue agrediendo y despojando. Lejos de pretender mostrarnos como víctimas, insisto en la importancia de reactivar el movimiento, de retomar los acuerdos y continuar la lucha.
*Cronista de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.